Morosidad. La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó este martes la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, si bien establece un periodo “de adaptación” en ambos casos que se extenderá hasta 2013. Asimismo, los grupos parlamentarios de la oposición alcanzaron un acuerdo ‘in extremis’ para eliminar la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley, el conocido como “pacto en contrario” con el voto en contra del PSOE.

Los socialistas proponían que esta posibilidad se mantenga para los contratos entre compañías con facturación mayor de 100 millones de euros, si bien se encontró con el rechazo de toda la oposición. En este sentido, el socialista José Javier Lasarte, defendió durante el debate el “derecho de las partes a pactar”, porque su eliminación total, tal y como ha ocurrido en otro países, podría llevar a un “fracaso” de la medida, si bien señaló que conviene “garantizar” la protección de las pequeñas empresas, de ahí la propuesta para establecer los mencionados umbrales de facturación.

:: Se pagará según entregas y no facturas

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, explicó durante el debate que el acuerdo con el PSOE fija un periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo, que se extiende hasta 2013, con una escala de 55 días para este año, 50 para 2011, 40 para 2012 y 30 días desde el uno de enero de 2013. En el caso de las empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación para productos frescos y perecederos —que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos, sin poder ampliarse— el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector público.

Asimismo, la oposición forzó que el pago entre empresas se realice 60 días a contar después de la fecha de recepción de las mercancías o servicios y no, como ocurría hasta ahora, dentro de un plazo a contar desde la recepción de la factura.

:: Acciones colectivas y observatorio estatal

El PSOE pactó con CiU que los acreedores puedan reclamar indemnizaciones por los costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, con un límite del 15% para deudas superiores a 30.000 euros. Asimismo, se legitima a los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de “manera habitual” con los plazos de pago.

También destaca la declaración como nulas de todas las cláusulas de los contratos que contravengan lo dispuesto en la ley o sean considerada como “abusivas”. Asimismo, se articulará un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como de un observatorio de morosidad dependiente del ministerio de Industria.

:: PP, ERC e ICV también rechazan los pactos

El portavoz ‘popular’ en el debate de esta norma, Ramón Aguirre, aseguró que la tramitación de la ley se ha convertido en la “historia de la rectificación” del Gobierno, y mostró su “frontal rechazo” contra la cláusula del pacto entre las partes, cuya eliminación supone un “logro”. “La eliminación debe ser para todos, se trate del sector alimentario, de la construcción, sanitario y público”.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, señaló que la idea de CiU coincide con postulados que los republicanos ya defendieron durante el debate de la Ley original en 2004, pero la situación de crisis ha “exacerbado” los problemas de los proveedores. Asimismo, abogó por eliminar totalmente la “perniciosa” cláusula de ‘pacto en contrario’.

El diputado de ICV, Joan Herrera, señaló que la propuesta “no avanza todo lo que debería avanzar” y advirtió de que los límites de plazo de pago para las administraciones públicas debe ir acompañada de una reforma del sistema financiero y una mejora de la financiación local, para que no sea “un mero brindis al sol”, pues los ayuntamientos, sencillamente, no podrán cumplir. Asimismo, censuró la “discriminación” entre administraciones publicas y empresas privadas.

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