Crisis en el sector de renovables. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que la reducción de las primas a las energías renovables que estudia el Gobierno no tendrá en ningún caso carácter retroactivo. Sebastián explicó que la cuantía del recorte se decidirá en “diálogo” con el sector teniendo en cuenta los avances en la tecnología y la reducción de costes y avanzó que espera un acuerdo antes del 1 de julio. “Nosotros no hemos hablado nunca de retroactividad”, explicó Sebastián en declaraciones a la prensa al ser preguntado por si la rebaja de las ayudas a las renovables se aplicará de forma retroactiva.

“Estamos en diálogo con el sector para buscar una solución que siga apostando por las energías renovables, que es nuestra apuesta estratégica (…), pero sin repercutir negativamente en la competitividad de la economía española”, afirmó el ministro de Industria tras participar en una jornada sobre competitividad de la industria europea organizada por la Comisión Europea. “Hay que buscar un equilibrio entre esos dos objetivos y eso es lo que estamos dialogando con el sector”. Subrayó que se trata de un diálogo “difícil y complejo” por la cantidad de actores involucrados y reclamó “paciencia y tiempo para poder trabajar con tranquilidad”, pero se mostró convencido de que se logrará una “solución razonable” que luego se trasladará a los grupos políticos.

Al ser preguntado por cuál será la cuantía del recorte, el ministro de Industria señaló que “es una cuestión de diálogo con el sector”. De lo que se trata, según explicó, es de “trasladar” a los usuarios, tanto a la industria como a los consumidores domésticos, “los avances en la tecnología y la reducción que ha habido en los costes”. “Yo creo que eso es una opción muy buena para el sector de las energías renovables”. Las primas al régimen especial superaron en 2009 los 6.200 millones, de los que más de 4.700 millones correspondieron a las renovables. Esta ayuda contribuyó a que el déficit de tarifa superara los 4.600 millones en 2009, por encima del objetivo de 3.500 millones planteado por el Gobierno.

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