Buenos Aires. El secretario de Transportes argentino, Ricardo Jaime, aseguró hoy que el Gobierno cuenta con el apoyo mayoritario parlamentario para que el Estado nacional tome el control de Aerolíneas Argentinas de manos del grupo turístico español Marsans.

Para la transferencia de la aerolínea de bandera —pactada a mediados de julio con Marsans— “no tendría que salir un peso del Estado”, insistió al responder a críticas de las principales fuerzas de la oposición que rechazan la operación. “Prácticamente es mayoritaria la participación de todos los legisladores expresándose” a favor del proyecto oficial, apuntó.

Jaime, quien el miércoles fue sometido en el Parlamento a un interrogatorio que duró cinco horas, señaló que “quizás por desconocimiento algunos legisladores plantean diferencias” con el proyecto del Gobierno. Además, volvió a negar que los planes oficiales prevean “la expropiación o la quiebra” de Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria de vuelos domésticos Austral. “Hay una decisión de recuperar Aerolíneas Argentinas y Austral”, insistió luego de remarcar que la opción de pedir una quiebra, como propone la Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria, sólo trae “graves inconvenientes al funcionamiento” de las compañías.

La UCR y la Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria, rechazan los planes oficiales por considerar que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de la “mala gestión” de Marsans y acusa al Gobierno de no haber hecho los controles necesarios para impedir el derrumbe de la aerolínea de bandera.

Durante el interrogatorio de los legisladores, el secretario de Transportes dijo que el traspaso de las compañías no debería costar nada al Estado, mientras que fuentes cercanas a la operación indican que Marsans exige un pago de 200 millones de dólares.

Aunque la auditoría pública aún no terminó de evaluar el estado contable de las aerolíneas, Jaime expuso datos de los síndicos del concurso preventivo de acreedores que indican que las compañías afrontan un pasivo por un total de 890 millones de dólares, de los cuales unos 530 millones son deudas “exigibles”.

Luego de criticar la “deficiente” gestión de Marsans dijo, además, que “ha habido una transferencia sistemática de recursos y rutas de Aerolíneas a favor de Austral” y que el grupo español “procuró que Aerolíneas asumiera la totalidad de los pasivos de Austral”.

El secretario de Transportes sostuvo que el Gobierno no es responsable de presuntos ilícitos cometidos en la gestión de las aerolíneas y remarcó que en todo caso será la Justicia la que determine si se cometieron delitos.

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