León. De los nuevos planes del ministerio de Fomento sobre AENA se desprende que habrá cambios y que los mismos podrían afectar a la gestión del aeropuerto de León. Magdalena Álvarez sabe y lo sabe muy bien, también lo saben sus compañeros de gobierno, que la situación de los aeropuertos españoles, sobre todo su gestión, es una aberración sin paliativos. La relación calidad/coste es insostenible. AENA, por su propia existencia, se ha convertido en un tapón, en una estructura burocratizada y tortuosa, que penaliza a todo el sector aéreo. Nuestros aeropuertos son muy caros, no son competitivos y cierran las puertas a las empresas más dinámicas del sector. Las infraestructuras aeroportuarias necesitan como cualquier otro sector de la libertad de empresa.

Fomento se propone separar la Navegación Aérea, que seguirá siendo competencia del Estado, de las infraestructuras aeroportuarias. La segregación, según la propuesta del Ministerio de Fomento, crearía dos entidades, la de Navegación, totalmente pública y la de Aeropuertos, que se privatizaría en un 30%, mediante una OPV (Oferta Pública de Acciones) o salida a Bolsa. Un porcentaje que se ofrecería al tramo minorista o particulares, sin ninguna influencia sobre su gestión. ¿Tiene sentido? ¿Puede considerarse tal cosa una privatización?

Lo más variopinto de la estrategia diselada en Fomento es que de la nueva sociedad resultante, Aeropuertos, colgarían otras tres, responsables de gestionar Barajas (Madrid), El Prat (Barcelona) y Son Sant Joan (Mallorca), en las que podrían participar las respectivas comunidades autónomas. Magadalena Álvarez pretende añadir a la actual burocracia estatal, las burocracias autonómicas y locales.

Ahora conocemos que el Consejo Consultivo de Privatizaciones, en un dictamen, considera que el modelo de privatización elegido es el más desaconsejable de todos, “tanto la solución de privatizar parte del capital de AENA como la de involucrar en la gestión a todas las administraciones”. La experiencia histórica acumulada certifica que las infraestructuras que son compartidas entre administraciones desembocan a una gestión desastrosa. La confabulación de intereses y de personas genera para todos los supuestos disfunciones e irregularidades de todo orden. La propuesta de Fomento se parece más a una falsa privatización. Recoge dinero de los particulares y retiene su gestión.

El Consejo Consultivo de Privatizaciones recomendaría privatizar en su totalidad la gestión de los aeropuertos, no su propiedad. Privatización de los aeropuertos, uno por uno, de manera individual. La propiedad seguiría siendo del Estado pero no así su gestión. De la propuesta del Consejo se infiere la existencia de comités de control o supervisión en los que pueden participar tanto AENA como las administraciones territoriales involucradas (tutelando el gestor). El Consejo, a su vez, no descarta que en algunos casos concretos pueda procederse a vender la propiedad de los aeropuertos.

La cuenta de negocio de los aeropuertos, sobremanera los de mayor tráfico, la proporciona su gestión, no su propiedad, vectores no equiparables. El modelo que propone el Consejo Consultivo de Privatizaciones tiene muchos precedentes en el resto del mundo y se utiliza profusamente en autopistas y otros servicios públicos, incluidos los hospitales. La propiedad la retiene la administración y su construcción, gestión o explotación se transfiere al sector privado. En el gobierno se están enfrentando dos puntos de vista, el de Magdalena Álvarez, Ministerio de Fomento, muy extraña, vende la propiedad (el 30%) y estataliza la gestión y la de Pedro Solbes, firme partidario de retener la propiedad y privatizar la gestión. En esta puja, Magdalena Álvarez habría optado por la solución más conservadora: incorporar la gestión al resto de administraciones y sacar a bolsa un 30%. Una estrategia que descarta la gestión privada de empresas especializadas. Fórmula a la que se opone Pedro Solbes que está haciendo valer los informes solicitados por su ministerio al Consejo Consultivo de Privatizaciones, creado por Aznar, con el fin de asegurar que dichos procesos cumplían los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Pedro Solbes apuesta por la privatización y profesionalización de la gestión de los aeropuertos, uno por uno, o en paquetes, previamente elaborados, de los que espera obtener mayores dividendos y mejores resultados que con la fórmula elaborada por Magdalena Álvarez.

¿En dicho escenario que pasaría con el aeropuerto de León? ¿Posee tráfico suficiente o es atractivo desde el punto de vista de su explotación? Poner en valor dicha infraestructura necesitará de mucho oficio. La gestión privada y profesional, en un mercado abierto y de competencia creciente, es insustituible. La privatización de su gestión abrirá la espita de la competencia entre los aeropuertos españoles. La distinta oferta de servicios y tarifas les hará entrar en competencia. Los aeropuertos, por otro lado, no son infraestructuras que puedan sobrevivir sin la concurrencia de infraestructuras complementarias en tierra, a su alrededor. La razón política no es razón suficiente, se necesitan razones profesionales, económicas y razones que refuercen el futuro de dicha infraestructura.

No será suficiente que AENA retenga o garantice temporalmente su gestión. Se necesitará construir y diseñar futuro para dicha infraestructura y será imprescindible hacerlo con criterios estrictamente profesionales. Incorporar la iniciativa privada a dicha gestión es una opción estructural, imprescindible, no negociable. Si no ocurriera, querría decir, que las administraciones apuestan por la oclusión de dicha infraestructura. León necesita aeropuerto, claro que sí, pero necesitamos saber a qué precio y quién defiende, gestiona y hace prosperar dicha infraestructura.

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