Por Alberto Illán Oviedo · Instituto Juan de Mariana. La reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar la objeción de conciencia respecto de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) es una mala noticia para los partidarios de la libertad. El fallo adoptado por los jueces, que han llegado a asegurar que, pese a la sentencia, no se debe intentar imponer una moral y han abierto la posibilidad de más recursos, demuestra que la sociedad española sigue recorriendo un peligroso viaje hacia un autoritarismo disfrazado de democracia.

En primer lugar, la sentencia del Supremo pone en duda la independencia del poder judicial. La torpe maniobra de la ministra de Educación Mercedes Cabrera, colgando en YouTube unos días antes un vídeo en el que se felicitaba por una decisión judicial que todavía no se había adoptado, invita a pensar que existen muchas probabilidades de que el Ejecutivo ya hubiera intervenido y que los dos días de deliberaciones fueran más una maniobra propagandística que un serio debate. La separación de poderes es uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático que se denomine liberal y en España no deja de ser una utopía cada vez más lejana.

Los jueces no explican cómo se puede impedir que los legisladores impongan una moral a los alumnos sin más opción para los padres  que lamentarse. De hecho, ya es una realidad que la educación pública con todos sus ingredientes termina adoctrinando a infantes y adolescentes, incluso en colegios privados. El problema radica en que el sistema ya está viciado desde su origen. Los contenidos no deberían ser elegidos y controlados por los poderes públicos, sino por los padres y los centros docentes, en tanto ellos proporcionan un servicio que debe adaptarse a la demanda. Los que consideren que el Estado debe asegurar la educación de nuestras nuevas generaciones, deberían percatarse de que éste debe limitarse a no impedir la libertad de empresa, pues la educación es un servicio y no un derecho.

Por otra parte, la fuerza con la que ciertos colectivos se han opuesto a una asignatura liberticida como EpC es a la vez esperanzadora y deprimente. Es esperanzadora porque pone de manifiesto que en cuatro años y medio de Gobierno socialista la sociedad civil ha sabido generar instituciones y grupos de presión que luchan por lo que consideran legítimo y acorde a sus intereses, luchando contra el poder de un Estado que, tras una transición de la dictadura a la democracia, vuelve a infiltrarse en ciertos espacios que aparentemente pretendía abandonar. Pero es deprimente, en tanto muchos otros grupos no saben analizar y ver cuál es el origen de este mal y no les importa que existan asignaturas como EpC o instituciones como la educación pública con la condición de que sirvan a sus intereses.

Pero lo más preocupante de todo no es lo que ahora está pasando, sino lo que dentro de unas décadas, cuando estos alumnos que ahora se han formado en EpC y cuyos padres, es cosa bastante común, han renunciado a su deber de formar la moral de sus hijos, lleguen a ocupar cargos públicos, cargos con poder sobre la vida de los demás. En ese momento veremos si EpC ha tenido éxito o al final ha sido más ruido que nueces. Esperemos que en ese momento no sea mayoritario el grupo de estadistas que considere, al igual de José Blanco, que explicar cómo se pone un preservativo es algo acorde a no sé qué valores. Con la filosofía de la chancleta hemos topado.

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