Por Joaquín Santiago Rubio · Instituto Juan de Mariana. Cuando el Estado, legitimado por la religión, pretendía imperar sobre almas y conciencias, la obediencia al Leviatán era lo importante. Si el énfasis cambiaba y era la instrucción la que se consideraba socialmente necesaria, justificaba el control estatal en ese acto benéfico y la coacción como forma de “vencer prejuicios”. En la democracia desaparece la expresión “catecismo político”, utilizada en la construcción de las nacionalidades del siglo XIX por liberales tanto como por nacionalistas. En consecuencia se sustituye la expresión “Estado” por “sociedad” y se justifica en esa caja negra que es la idea de “democracia” la pugna de los partidos políticos por el control de la educación.

Muy pocos son los que cuestionan el predominio del Estado en la educación. Para evitar que aumente el número de los críticos, el Leviatán echa mano del tercer ingrediente, la instrucción, el más vivo de todos desde Lutero hasta la LOGSE, pasando por Roberpierre. ¿Cómo vamos a rechazar la instrucción? ¿Quién se atreve a mostrar un cavernario desprecio por la necesidad de cultura y formación? Los partidarios de la educación estatal han encontrado su eje argumental. Si respondemos que los intereses individuales y sanamente egoístas de los hombres les llevan a usar su inteligencia aprendiendo y desarrollando formas de difundir los conocimientos sin necesidad de que el Estado sustituya a las familias o a la iniciativa privada, el recurrente mito de la “condición perversa” del hombre acude en ayuda del Leviatán.

En este argumento coinciden tanto Calvino como Azaña, Villar Palasí, Rubalcaba o cualquier otro. Si criticamos el adoctrinamiento estatal responden hoy que no hay tal, que es “la sociedad” quien exige “valores cívicos”. La regla de la mayoría en el parlamento, es decir, dos lobos y un cordero decidiendo la cena, impone hoy la “solución final”. El resultado de este devenir, es que el sistema educativo es burocrático y está a salvo de ajustarse tanto a los deseos de sus usuarios como a las necesidades reales de los individuos que cooperan, la sociedad sin comillas. Se trata de un servicio que se produce mediante planificación y no mediante libre mercado. Por tanto, los que deciden qué, cómo, cuándo y dónde ha de servirse la educación lo hacen bajo criterios burocráticos, alejados de la necesidad y las preferencias. La educación estatal es un bosque de alcornoques, rígidos, inmóviles, permanentes y prácticamente ajenos a los cambios habituales del entorno.

Esos mismos políticos y burócratas dicen que planifican teniendo en cuenta las necesidades culturales y formativas del presente y del futuro. Pero esto se demuestra imposible porque no existe en la educación el mecanismo natural de los precios para guiar las decisiones. Los libros, los edificios escolares, los profesores, todo ello son capital, tierra y trabajo y sólo rinden adecuadamente si se coordinan en el mercado. ¿Cómo se arregla el Estado para aparentar estar al día en educación? Pues utilizando la información que puedan vislumbrar generada por los mercados que hay fuera del sistema educativo. Elabora estudios estadísticos y “consejos sociales” para que les informen de la evolución pasada de las necesidades formativas de las empresas y estudios inciertos de tendencias. Luego, anuncia reformas para incluir esos contenidos.

Lo cierto es que cuando realmente incluyen esos contenidos, la lenta maquinaria estatal acaba haciéndolo con retraso. Además, dado que el sistema público es siempre colectivista —incluso en naciones descentralizadas territorialmente—, siempre hay insatisfacciones. Insatisfechas quedan las familias cuando demandan educación y reciben uniformidad. Frustradas las empresas que demandan calificación laboral y deben resolver su necesidad a su manera. Y, sobre todo, se frustra el capital creativo de quienes pasan por la educación estatal, como vimos al principio de este escrito. La empresarialidad, principio básico de una sociedad libre y característica intima de la acción humana, es constreñida por un sistema estatal. Por tanto, ¿cómo tienen los jerarcas la desfachatez de afirmar que su educación está “al día”?

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