Por Albert Esplugas Boter · Instituto Juan de Mariana. Vivimos en un mundo donde el Estado es omnipresente e interviene en casi todas las facetas de nuestra existencia. Si queremos evitar cualquier contacto con el Estado o participación en sus políticas debemos prepararnos para el martirio o la vida de ermitaño. Para aquellos de nosotros que tenemos principios liberales y queremos llevar una vida moral, acorde con esos principios, la cuestión de cómo actuar en un mundo dominado por el Estado es importante. ¿Es moral aceptar subvenciones o pagar impuestos religiosamente si estos financian un sistema injusto? ¿Es moral hacer uso de la sanidad pública o trabajar para el Estado? ¿Es moral formar parte del Gobierno o hacer campaña para conseguir favores públicos?

Todas estas preguntas están interconectadas y nos sitúan ante un continuum de actuaciones difícil de abordar. Murray Rothbard hizo un intento de aproximación en su artículo Living in a State-Run World, donde esboza algunos de los puntos clave en esta discusión. Rothbard distingue dos actitudes radicales que habría que rechazar: el sectarismo ultra-puritano, según el cuál no podemos siquiera caminar por las calles públicas; y el oportunismo de los vendidos, según el cuál podemos ser guardias en un campo de concentración y poder seguir llamándonos “liberales” sin pudor alguno. El ultra-puritanismo lleva a aislarse del mundo y a evitar la realidad en aras de una fantasía. Implicaría tildar a todos los cubanos de “criminales”, porque como en Cuba no hay apenas sector privado todos son funcionarios. El oportunismo más aprovechado, por otro lado, desvincula totalmente los principios morales de la vida cotidiana, como si la ética no tuviera ninguna relación con la realidad. Liberalismo de boquilla, o haz lo que digo pero no lo que hago.

Un punto intermedio parece más razonable. En primer lugar, porque una ética que obliga al martirio no puede ser buena. El liberalismo es una ética para mejorar la vida de las personas, no para exigirles su sacrificio en el altar de las ideas. Sería absurdo que la respuesta moral a un sistema injusto, que nos hace menos libres y más pobres, fuera soportar aún más malestar y restricciones. En segundo lugar, porque se puede participar en el sistema por diferentes razones y en varios grados, y cada caso merece un juicio ético distinto. De hecho, dependiendo de la corriente liberal a la que uno se adhiera (anarcocapitalismo, minarquismo etc.) incluso la figura del funcionario o político per se no es incompatible con el liberalismo.

Rothbard introduce otra distinción fundamental: una cosa es convivir con una injusticia que te han impuesto y tú no has creado, y otra cosa es promover activamente esa injusticia, agravarla o colaborar en su ejecución. Aceptar una subvención una vez la ley está aprobada y el dinero está sustraído no es lo mismo que aprobar o hacer campaña a favor de esa subvención o contribuir a recaudarla. La confiscación ya se ha producido con independencia de que haga uso o no de la calle pública o de la sanidad pública.

Juzgar la conducta de la gente en base a lo que reciben del Estado supone, además, considerar solo la mitad del cuadro. Los beneficiarios de servicios y subsidios públicos también pagan impuestos, y si pagan más de lo que reciben entonces no están más que cobrándose una parte de lo que le han quitado previamente. En el caso de los funcionarios, su salario entero es como una subvención y a menos que tengan fuentes de ingresos alternativas podemos decir que su riqueza proviene del expolio al ciudadano. Pero con respecto a los funcionarios también hay que hacer distinciones. De nuevo Rothbard sugiere un buen enfoque: hay empleos en el sector público que serían perfectamente legítimos si se llevaran a cabo en el mercado y hay empleos que son ilegítimos per se y no son compatibles con una sociedad libre. Uno podría ser profesor, médico o cartero en una sociedad libre, pero no podría ser guardia en un campo de concentración de prisioneros políticos, inspector de Hacienda, policía anti-droga o ministro de Cultura y Deportes.

Las personas que tienen vocación de maestro, médico o de taxista no tienen la culpa de que el Estado monopolice o regule esas profesiones, impidiendo o dificultando su ejercicio en el mercado libre. El salario del maestro lo pagan los contribuyentes vía impuestos y no es un salario de mercado, pero en una sociedad libre esa profesión probablemente existiría y esos mismos contribuyentes también pagarían un salario al maestro, esta vez vía precios. Al menos la mayoría de profesores y médicos funcionarios dispensan un servicio que tiene cierto valor para el contribuyente, y podemos convenir en que su renta no es tan inmerecida como la de aquél que realiza una actividad que nunca estaría remunerada en el mercado.

Ya que nos “obligan a jugar”, opinan algunos liberales, hay que jugar a ganar: sacarse oposiciones para tener un trabajo seguro, poco estresante y sufragado por los contribuyentes (como además la mayoría son socialistas, no hay motivo para tener mala conciencia), pedir subvenciones sin escrúpulos y hacer uso y abuso de las prestaciones públicas. “Soy liberal, pero no soy tonto”. Pero lo mismo podría decir un comunista rico “obligado a jugar al juego capitalista”, y el liberal protestaría porque le metemos en el mismo saco.

La alternativa a ser un pringado liberal no es necesariamente ser un liberal aprovechado, orgulloso de parasitar. También puede ser un liberal que intenta actuar moralmente sin dar la espalda a la realidad ni martirizarse por culpa de un mundo estatista que le ha sido impuesto.

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