Por Juan Ramón Rallo · Instituto Juan de Mariana. En concreto, desde 1929 a la fecha, cuando la economía no podía reinflarse mediante reducciones de los tipos de interés (por ejemplo en la Gran Depresión, en los 70 o en Japón a principios de los 90), los Gobiernos siempre tenían margen presupuestario para justificar una brutal expansión del gasto público. El paradigma era precisamente el New Deal de Roosevelt: un magno programa de obras públicas y de políticas sociales que diera un vuelco a la relación entre la ciudadanía y el Estado.

Al fin y al cabo, gracias al vademécum keynesiano, el incremento del gasto público destinado a estabilizar las expectativas de los agentes económicos siempre encontraba justificación. El Estado sólo tenía que gastar y gastar hasta la saciedad, tomando prestado lo que los inversores privados supuestamente guardaban bajo el colchón por una coyuntura enormemente incierta; luego, cuando la economía retomara el vuelo, sólo habría que amortizar ese endeudamiento previo incrementando la recaudación.

Ahora, sin embargo, todo este recetario keynesiano, si bien siguen blandiéndose a pies juntillas por políticos y economistas institucionalizados, se ve constreñido por una toduza realidad: en casi todos los países occidentales la presión fiscal ya representa entre un 40% y un 50% del PIB. Dicho de otra manera, es difícil, si no imposible, que los Estados incrementen mucho los impuestos en el futuro para devolver los elefantiásicos pasivos que están contrayendo hoy. Esencialmente porque, gracias a la globalización, los capitales privados escapan con celeridad de las regiones con una fiscalidad más confiscatoria y se refugian en los países con una actitud más respetuosa hacia la propiedad privada. Así pues, si en el remoto día en que salgamos de la crisis el Estado quiere generar los superávits presupuestarios necesarios para amortizar su deuda actual, los políticos tendrán que reducir su preciado gasto público.

Sin embargo, dado que éste resulta cada vez más rígido e “irrenunciable” para un Occidente en proceso de socialización, parece que los políticos, sin reconocerlo ni proclamarlo, han decidido ampliar su capacidad para esquilmarnos. Es decir, han decidido volar los diques de contención que el mercado había ido erigiendo para proteger a los individuos y su riqueza.

Es en éste contexto en el que debe entenderse la propuesta de eliminar los paraísos fiscales e, incluso, la disparatada idea de seguir avanzando hacia el proteccionismo. En la medida de lo posible, los Estados buscan coordinarse para que no queden lagunas y recovecos internacionales donde puedan guarecerse los patrimonios privados. Se trata de impedir que, por fin, ese “dinero caliente” que tanto molesta a los gobiernos depredadores no tenga otra salida que rendirse maniatado ante nuestros hambrientos publicanos.

Cerrar los paraísos fiscales en nada contribuirá a impedir que se reproduzcan crisis económicas en el futuro. Pero sí abrirá la puerta a brutales subidas de impuestos en Occidente. Quizá ésa sea la panacea que nos ofrecen: una economía socialista que no sufra periodos recurrentes de crisis, pero porque viva instalada en ella.

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