Por Fernando Herrera · Instituto Juan de Mariana. Uno de los aspectos que más le gusta regular a los gobiernos es el de los requerimientos mínimos que ha de cumplir un producto o servicio para poder ser comercializado. Es un aspecto bastante atractivo, con el que nuestros políticos consiguen ponerse medallas a un bajo coste político. Evidentemente, las medallas se las ponen únicamente aquellos consumidores poco familiarizados con la teoría económica. Y el bajo coste es solo político, pues supone altos costes directos para las empresas que los sufren, e indirectos para los ciudadanos, sí, los mismos que alegremente ponen al político regulador la medallita.

Porque la imposición de requerimientos mínimos de calidad tiene dos efectos directos, ambos negativos para el consumidor: la erección de barreras de entrada a posibles competidores y la elevación de los costes de producción, lo que a su vez conllevará el incremento del precio del producto. En definitiva, gracias a la fijación de mínimos de calidad se excluye a muchos potenciales oferentes del producto y a muchos segmentos de demandantes. Veámoslo con un ejemplo. Quién más y quien menos habrá ido a la típica verbena de un pueblo pequeño, o a las actuaciones de verano de un hotel. Los artistas profesionales, las orquestas, cantantes o magos que aquí actúan realizan un excelente trabajo, muchas veces en condiciones bastante adversas, pero no suelen tener de un gran nivel de calidad.

Imaginemos qué pasaría si algún iluminado de la administración decidiera regular unos mínimos de calidad para la actuación pública de artistas. Como no soy experto en estos parámetros, permitidme que no dé detalles de cual podría ser esa regulación, pero aceptemos que se requieren ciertas dotes determinadas, o una formación de varios años, o pasar un determinado examen. Muchos de los artistas que en la actualidad ofrecen sus servicios, ya no podrían hacerlo, al menos de forma legal. No es que dichas actuaciones no sean valoradas por los clientes, simplemente que no cumplen los mínimos requeridos por el funcionario. Por supuesto, la audiencia seguiría disfrutando con la actuación, aunque, como antes, preferiría a Madonna o a Martes y 13.

Sin embargo, esos artistas de mayor calidad exigen una mayor retribución que la exigida por los artistas normales. Por tanto, los hoteles, ayuntamientos o simplemente clubes que antes podían permitirse pagar algunas de esas actuaciones, ya no pueden hacerlo. Automáticamente, estos segmentos quedan excluidos del producto. Los niños de los pueblos antes tenían su función de magia anual, lo mismo que los abueletes su ración de pasodoble. Gracias a la nueva regulación, los ayuntamientos ya no podrán pagar ni mago ni orquesta para que amenice las fiestas. Niños y abueletes quedan igualmente perjudicados por esta medida que aparentemente les beneficiaba.

No acaban aquí los efectos dañinos, por desgracia. Aquellos artistas que cumplan con los mínimos de calidad están ahora más protegidos frente a los competidores “de bajo coste”, por lo que pueden exigir un precio mayor por sus servicios. En efecto, pensemos en un grupo de aficionados al flamenco. No son muy buenos, pero ensayan en sus ratos de ocio y, eventualmente, consiguen unos contratillos para ofrecer bailes en hoteles o discotecas. Gracias a este contrato inicial, quizá se puedan plantear dedicarse a tiempo completo al arte, y poco a poco mejorar en calidad hasta suponer una amenaza (se entiende competitiva) a los artistas consolidados.

Pues bien, gracias a la regulación de mínimos, esto no podría pasar. Los artistas del párrafo anterior deberán conseguir su nivel de excelencia ensayando mientras compatibilizan su afición con un trabajo que les dé de comer, lo que es bastante más difícil. Así las cosas, pocos artistas podrán avanzar por esta vía hacia el estrellato, dejando más confortable la posición de los artistas “de calidad”.

En este ejemplo hemos hablado de artistas, actividad no sujeta a regulación de mínimos. Alguien puede pensar que esta regulación es lo excepcional, pero no es así. Una simple mirada a nuestro alrededor basta para confirmar que son numerosísimas las actividades y productos de los que la regulación exige un mínimo de calidad, sea de una forma u otra: médicos, arquitectos, manipuladores de alimentos, abogados… incluso porteros de discoteca (desde hace poco en Madrid). En todos estos casos, puede que, sí, se consiga un producto de mejor calidad (no me atrevería a decir garantizada). Pero se trata de un producto al que solo pueden acceder determinadas capas de la población, y a un precio más alto del que correspondería.

Para el que dude de la calidad que se conseguiría en ausencia de la regulación, no olvidemos que los “productores” de los servicios, regulados o no, pretenden vivir bien de dicho comercio, por lo que la calidad del producto está asegurada por el propio interés de supervivencia del productor. En un libre mercado, el artista o el médico malo tiene los días contados, aunque haya aprobado todos los exámenes del mundo; en el libre mercado, solo sobreviven los que ofrecen el mejor servicio posible a cada precio.

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