Por Manuel Llamas. La crisis económica comenzó en España a finales de 2006, momento en el que se inició la caída de ventas inmobiliarias y la ralentización de precios. Tras casi tres años, la recesión se ha llevado por delante 300.000 empresas y 2 millones de puestos de trabajo. El problema es que, por el momento, el necesario ajuste en el precio relativo de los inmuebles aún no se ha producido. Lo peor aún está por llegar. El ajuste de la economía real se habrá completado cuando España deje de destruir empleo sin necesidad de ayudas públicas. Es decir, sin ‘planes E’ ideados para maquillar las cifras de paro. El problema es que cuando la recesión termine es posible que España cuente con más de 5 millones de parados (una tasa superior al 25%); sin un motor de crecimiento capaz de sustituir al ladrillo el auténtico drama será como recolocar en el mercado a tanta gente.

Ahora bien, dicho esto, la economía nacional se enfrenta todavía a tres grandes crisis diferentes e interrelacionadas en los próximos años. En primer lugar, crisis inmobiliaria. El stock de pisos nuevos a la venta se aproxima a 1,6 millones de unidades, según cálculos del propio sector inmobiliario. Una cifra que si se suma a los usados podría alcanzar los 3 millones. Disponemos de un stock de vivienda nuevas vacía de una cuantía tal, que para poder disolver la sobreoferta con los niveles de demanda del año 2008 harían falta 7 años. Circunstancia objetiva que obliga a pensar que el descenso de precios continuará.

En segundo lugar, la caída de la vivienda se traducirá en una crisis financiera de grandes dimensiones, debido a la fuerte exposición al ladrillo de bancos (50% de sus créditos) y cajas (70%). Por el momento, el sistema financiero está refinanciando el crédito incobrable que acumulan las inmobiliarias y miles de hipotecados para ocultar la creciente morosidad y evitar registrar pérdidas. Las entidades tienen orden de recapitalizar a todos sus clientes insolventes. Esto es, están concediendo nuevos créditos para que los morosos salden su deuda anterior. Es lo que se conoce como roll-over, y es justo lo que hizo Japón en la crisis de los años 90. El pasado octubre, la tasa media de morosidad rozó el 5% pero, sin duda, seguirá creciendo. Tan sólo recordar que con una tasa de mora superior al 10% la mayoría de entidades no pueden sonbrevivir.

El sistema financiero español cuenta con unos fondos propios de 220.000 millones de euros. Y con ese dinero tiene que hacer frente a la deuda que acumula el sector del ladrillo. ¿Cuánta? Casi el 50% del PIB, unos 470.000 millones de euros. La mayoría de este crédito resultará impagado, con lo que la banca nacional podría enfrentarse a unas pérdidas próximas a los 250.000 millones de euros, según diversas estimaciones de organismos oficiales.

El problema es que para rescatar a la banca el Gobierno tiene que acudir a la deuda pública para conseguir dinero. Y aquí es donde se encuentra la tercera pata de la crisis: la deuda pública. En los últimos 12 meses el Gobierno ha logrado colocar en el mercado más de 100.000 millones de euros en bonos a corto plazo. ¿Cómo? El BCE está financiando el déficit público español de forma indirecta. Las masivas inyecciones de liquidez a la banca europea han sido aprovechadas por las entidades nacionales para adquirir deuda pública (productos de menor riesgo) y sacar beneficio del arbitraje de tipos (piden dinero a corto plazo al BCE a un tipo de interés del 1% e invierten ese dinero en bonos con una rentabilidad del 3,5%).

De este modo, el BCE está monetizando de forma indirecta la deuda pública española. Sin embargo, una vez que el BCE relaje sus inyecciones de liquidez, el Estado va a comenzar a tener grandes dificultades para colocar su papel entre los inversores, con lo que tendrá que ofrecer una mayor rentabilidad, encareciendo aún más el coste del rescate para los contribuyentes. Ante esta delicada situación, que no sólo vive España, sino otras grandes potencias, las elites políticas y financieras comunitarias barajan ya tres posibles escenarios:

1. Centralizar la emisión de deuda pública: en lugar de bonos nacionales, emitir bonos europeos para compensar la menor calidad de la deuda de los países más débiles.
2. La denominada “opción nuclear”: expulsión o abandono del euro, con todo lo que ello implicaría (devaluación monetaria, impagos masivos de la deuda contraída en euros, ruptura de la zona euro…)
3. Que la UE acuda al rescate público de los países más débiles (incluida España), imponiendo a cambio un rígido e impopular plan de reformas estructurales y de austeridad pública, muy similar al que aplica el Fondo Monetario Internacional (FMI) a otros países cuando concede ayuda financiera.

Y dicho esto… ¿a nadie se le ha ocurrido la posibilidad de salvar a la banca por medios exclusivamente privados y de mercado? Por desgracia, esta solución liberal no cabe en la mente de la clase política.

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