Por Daniel Rodríguez Herrera. El problema al que se enfrentan los diversos manifiestos en favor de la libertad de expresión y en contra de la Ley Sinde está en la dificultad de hacer entender a quienes menos comprenden internet sobre el alcance de este ataque contra nuestras libertades. No hubo esas dificultades con la llamada “ley de la patada en la puerta” del ministro Corcuera o Corcuese, que dimitió después de que el Constitucional le tumbara su barbaridad. Todo el mundo entendía que suprimiendo las garantías jurídicas a la hora de registrar un domicilio, por más que se justificara en la efectividad de la lucha contra el delito, eliminaba uno de nuestros principales derechos y borraba de un plumazo nuestras libertades.

No sucede lo mismo con esta ley. Muchos continúan pensando y argumentando que, al fin y al cabo, esto va contra los sitios web de enlaces, y que quienes nos oponemos a la ley somos todos unos piratuelos dedicados en cuerpo y alma a la mula y el torrente. Es lo mismo que aducir que quienes se oponían a la Ley Corcuera eran en realidad unos delincuentes que no querían acabar en la trena tras un registro de su casa. Así, por ejemplo, El Mundo se ha mostrado de acuerdo con la versión más radical de la ley, la que no incluía jueces ni siquiera de la forma tramposa en que se ha hecho, porque “la Justicia en nuestro país es más que lenta, lentísima”. Si es por esa razón, bien podían ser también favorables al CAC porque los tribunales tardarían mucho en cerrar un medio de comunicación…

La última muestra de la resistencia de los internautas a esta “ley de la patada en el router”, como ha sido bautizada en honor a aquellas viejas intentonas socialistas de violar nuestros derechos, es un nuevo manifiesto al que han llamado “Libertad 2.0″ y que, pienso, puede firmar tranquilamente cualquier liberal de estricta observancia. No comete errores como el del manifiesto original, que pedía al mismo tiempo que no se interviniese en la red y que se garantizara la “neutralidad de la red” —algo que exige una intromisión estatal para su imposición—, o invocaba un inexistente “derecho de acceso a la cultura a través de internet”, que parece catalogar las descargas nada más y nada menos que como un derecho al nivel de la libertad de expresión. Ni siquiera errores más veniales como hablar de “ciudadanía” como un colectivo en lugar de referirse a los ciudadanos, individuos con sus derechos individuales, como hace la plataforma Red-Sostenible. Y no hablemos ya, claro, de la frikada de los Gopegui, Regás, Frabetti y compañía.

En cualquier caso, y aunque sea por motivos distintos, o les escandalicen unos aspectos más que otros, parece claro que la Ley Sinde ha provocado la repulsa de los internautas de todas las adscripciones ideológicas. Sin embargo, claro, eso no significa que el PSOE no vaya a intentar aprobarla. Ni siquiera estoy seguro de que finalmente el PP vaya a votar en contra, conociendo la táctica marianista de hacer un discurso impecable contra el Gobierno, pero abstenerse o votar a favor cuando llega el momento realmente importante. Aunque el ruido que han logrado provocar los internautas haya sido mucho mayor que en otras ocasiones, finalmente el desprecio hacia nosotros que llevó a Zapatero a nombrar a González Sinde volverá a actuar. Cabrá entonces preguntarse si la gente de izquierdas que tan activa ha sido contra esta ley votará por una alternativa, se quedará en casa o decidirá apuntarse a la doctrina Gump expuesta por Víctor Manuel. Miren que en muchos casos yo apostaría por lo último.

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