Por Antonio José Chinchetru. Uno de los sectores que con mayor dureza ha sufrido los efectos de la crisis económica ha sido, sin duda, el periodístico. Es algo lógico si se tiene en cuenta que, en los momentos duros, el primer gasto que las empresas reducen o eliminan es el referido a la comunicación en sus diversas vertientes. Esto incluye, por supuesto, la publicidad. De esta manera, los periódicos, radios y televisiones ven reducida su principal fuente de ingresos y deben reducir costes para poder sobrevivir. La pérdida de puestos de trabajo se cuenta por miles y muchas empresas periodísticas afrontan un futuro cargado de dificultades, en el cual el cierre no se puede descartar.

Así las cosas, los editores de periódicos en papel españoles creen haber encontrado una solución al problema: que el Estado acuda al rescate. En la bautizada como “Declaración de Zaragoza“, piden la puesta en marcha de un Plan Nacional de Apoyo a la Prensa “en el que intervengan todas las administraciones públicas, lideradas por la Administración Central, que ayude al sector a encontrar su futuro, a reforzar su papel social y a construir un nuevo modelo sostenible“. Como siempre que los empresarios de un sector pretenden que la Administración apruebe ayudas para sus compañías o medidas destinadas a favorecerlas, aducen al “bien común”. Por sistema, sostienen que el objetivo es el beneficio del conjunto de la sociedad, no en el suyo propio. La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEPP) no es una excepción. Arrancan su Declaración asegurando que la prensa “no es sólo un sector económico que genera riqueza y empleo; es además un pilar fundamental de las sociedades democráticas y de nuestro sistema de libertades. Es, en suma, un bien esencial y de interés público“.

Pide la AEPP que dicho plan “debe fomentar la calidad y competitividad de los medios, de las empresas y de todos los profesionales” y que incluya “procedimientos eficaces de financiación“, entre otras muchas cosas. No se plantea que, precisamente, las políticas públicas destinadas a ayudar a un sector concreto terminan destruyendo su calidad y competitividad y lo convierten en dependiente de los favores del Estado.

Esto sería especialmente cierto en el sector de los medios. Al entrar en juego el acceso a ayudas o a “procedimientos eficaces de financiación“, los medios perderían en gran medida el nivel de independencia del poder político que tienen en la actualidad. La pérdida que eso supondría en términos de pluralismo informativo y de opinión sería inmensa. Los editores finalizan su Declaración asegurando: “Este plan, en definitiva, ha de ser la piedra angular de la prensa para que siga sirviendo en el futuro a la sociedad libre y democrática“. Se equivocan. De ponerse en marcha dicho plan, el efecto sería el contrario.

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