Por José Carlos Rodríguez. Cincuenta millares de personas han pisado las calles de Madrid detrás del cartel “Por la igualdad trans”. El madrileño medio tendrá que hacer un esfuerzo para entenderlo. Claro, que es lo menos vistoso de este desfile. Los alardes tienen honda tradición en España, pero ninguno se ha parecido ni remotamente a este, autodenominado marcha del orgullo gay. Desnudez y sexualidad a la vista, adornadas no precisamente para pasar desapercibidos en El Corte Inglés. Hay algo de autoafirmación en todo ello, de reivindicación e incluso de imposición. Decir que tienen todo el derecho a mostrarse tan llamativos como deseen, a provocar toda la atención e incluso el escándalo de que sean capaces es una obviedad innecesaria.

Tienen derecho a todo ello, claro es. Lo que no pueden pretender es controlar lo que los demás piensen de su comportamiento. No le tiene por qué gustar a todos. No pueden prohibir a los demás que consideren que lo que hemos visto desfilar por la centenaria Gran Vía no es lo normal, lo ordinario, lo convencional. ¿Cuántos de quienes han realizado la marcha del orgullo gay consideran el espectáculo normal? Intereconomía hizo el año pasado una campaña de autompromoción con esa idea. En un spot se comparaba el día del orgullo gay con “364 días de orgullo de la gente normal y corriente”.

El Ministerio de Industria, el departamento de Miguel Sebastián, se ha erigido en policía del pensamiento en España. Y no tolera esa contraposición entre las desnudeces aladas en la calle y la normalidad del ciudadano medio, por lo que ha multado a Intereconomía con 100.000 euros. La piel de Sebastián es así de fina. Tanto derecho tienen los participantes de la marcha a hacer lo que desean como los demás a pensar de ellos lo que les dé la gana. Pero este Gobierno no piensa así en absoluto. Le hace un traje a medida a la sociedad, y si una extremidad no entra por sus mangas, se amputa y santas pascuas. Han convertido a los homosexuales en un colectivo definido y condicionado por su condición sexual e hiperprotegido frente a cualquier consideración que no se adapte a sus propios esquemas. Los comportamientos más normales se convierten, a los ojos del Gobierno, en una perversión punible, y a los alardes más estrafalarios no se les puede contrastar con la normalidad sin castigo.

Esto de que Industria pueda multar a un medio de comunicación por no ajustarse a sus criterios es propio de la experiencia democrática venezolana, pero no de un país miembro de la Unión Europea. La cabra de Zapatero tira a los montes de Perijá. ¿Cómo hemos llegado a aceptar que Industria imponga multas a los medios de comunicación sin escándalo? Sin menoscabo de otros motivos más festivos, este sí que es motivo para salir a la calle.

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